En los últimos días, cinco supermercados han seguido la estrategia de Mercadona, aplicando la misma bajada de precio en el formato de un litro, con el objetivo de mantener la paridad en el mercado. Desde FACUA-Consumidores en Acción se ha constatado que las principales cadenas de distribución en España mantienen un pacto de no agresión en los precios de sus marcas blancas de aceite de oliva virgen extra. 

Según el análisis realizado a través de su web super.FACUA.org, la herramienta de la asociación que rastrea los precios de los principales supermercados, el pasado 28 de marzo Mercadona redujo en 30 céntimos el precio del litro de aceite de oliva virgen extra de su marca Hacendado, pasando de 5,85 a 5,55 euros. Solo un día después, Alcampo y Eroski replicaron la bajada en sus marcas propias.

A esta estrategia se sumaron Carrefour, que fijó el precio en 5,54 euros, y posteriormente Dia y Hipercor, que el 1 y 2 de abril respectivamente también alinearon sus precios en 5,55 euros, equiparándolos al de Mercadona.

Denuncias sin respuesta de competencia y consumo

FACUA ha denunciado en reiteradas ocasiones estas prácticas ante los organismos competentes. En noviembre de 2023, la asociación presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que investigara un posible pacto en el precio del aceite de oliva. Sin embargo, hasta la fecha, Competencia no ha respondido.

Asimismo, en julio de 2024, FACUA denunció ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 un incremento paralelo de precios en marcas blancas de aceite de oliva en ocho grandes cadenas de supermercados, advirtiendo que esto vulneraba la prohibición de subir márgenes en productos con IVA reducido vigente en 2023 y 2024. Aunque el ministerio anunció la apertura de una investigación, FACUA sigue sin recibir respuesta.

FACUA insiste en la necesidad de transparencia y regulación

FACUA advierte que este tipo de movimientos coordinados en los precios restringen la competencia y perjudican a los consumidores, que ven limitada su capacidad de elección entre diferentes cadenas. La asociación insiste en la necesidad de una respuesta clara por parte de las autoridades, exigiendo una investigación que esclarezca si se está produciendo una fijación concertada de precios que vulnere la legislación vigente.