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Para frenar una trama ilícita de importación, adulteración, envasado, etiquetado y venta clandestina de aceite de oliva fraudulento, el Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) del gobierno brasileño se lanzó el pasado 6 de marzo la llamada Operación Getsemaní, que ha continuado el 7 y 8 de marzo, en dicho país.
Esta acción, que forma parte de la 58ª Operación Ronda Agro del Programa de Vigilancia de Defensa Agropecuaria en Fronteras Internacionales (Vigifronteira), realizada por el MAPA, tuvo lugar en el municipio de Saquarema (RJ), São Paulo. (SP), Recife (PE) y Natal (RN), con la participación de la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro (PC RJ) y la Policía Militar del Estado de São Paulo (PM SP).
Operación Getsemaní
Durante el operativo, la inspección de MAPA identificó que las empresas objetivo importaban aceite de oliva de forma regular, adulteraban y multiplicaban el producto con la adición ilegal de aceite de soja en una fábrica clandestina con precarias condiciones higiénicas, para su posterior distribución en establecimientos minoristas de Río de Janeiro. Janeiro y otros estados.
En el almacén donde funcionaba la fábrica clandestina, en Saquarema (RJ), fueron encontrados 60.600 litros de aceite de oliva virgen extra y 37.500 litros de aceite de soja, que podrían ser utilizados en la producción de 196 mil botellas de producto fraudulento destinado a la venta como aceite de oliva. a través de distribuidores y supermercados en todo Brasil.
En el almacén inspeccionado también se encontraron varias etiquetas de aceite de oliva de distintas marcas, así como botellas, tapas y equipos industriales utilizados para llevar a cabo el fraude.
En São Paulo, en el almacén contratado por los infractores fueron incautadas 33.612 unidades de 500 ml de aceite de oliva sospechoso; en Recife 8.853 botellas de 500 ml del mismo producto en un establecimiento minorista y en su almacén; y en Natal (RN) 102 botellas de esos aceites en un establecimiento minorista.
En total, fueron incautados 104.363 litros de productos, además de etiquetas, botellas y tapones, lo que resultó en una pérdida estimada de aproximadamente R$ 8,1 millones para los infractores (1.487.682,15 de euros). Además, en el acto se practicaron dos detenciones y los responsables podrían ser considerados responsables de la comisión de delitos contra las relaciones de consumo y la salud pública, como consecuencia de la falsificación y adulteración de productos destinados al consumo humano.
El Laboratorio Federal de Defensa Agrícola (LFDA) también recolectó y analizó muestras para evaluar el uso de sustancias prohibidas, no autorizadas y nocivas para la salud humana y la adulteración fraudulenta de productos.