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La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (ASEMESA) considera un paso decisivo y necesario -aunque lento-, la decisión de la UE de volver a denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), para que cumpla su resolución de diciembre de 2021 sobre la eliminación de los aranceles impuestos a la aceituna negra española.
El secretario general de ASEMESA, Antonio de Mora, está de acuerdo con la decisión, aunque considera que no será suficiente y que habrá que llegar hasta el final del proceso porque “como ya anunciamos en su momento, EE.UU. no tiene ninguna intención de eliminar los aranceles, a no ser que se le obligue”.
EE.UU sigue sin intención de eliminar los aranceles sino se le obliga
En este sentido, ASEMESA valora muy positivamente esta noticia, aunque recalca que, la única forma de conseguirlo será aplicando medidas de represalia ya que, como matiza el secretario general de ASEMESA, Antonio de Mora, “EE. UU ha estado empleando desde el principio todas las artimañas legales a su alcance para mantener los aranceles”.
Esta situación recurrente no sorprende a la Asociación Española de Exportadores e Industriales de la Aceituna de Mesa, que lleva años advirtiendo de la nula intención de EE. UU. de eliminar los aranceles.
Con esta nueva decisión, ASEMESA está convencida de que aunque se debe seguir el procedimiento establecido en la OMC -consultas y nuevo panel de cumplimiento- al final habrá que aplicar sanciones para conseguir que EE.UU. elimine los aranceles impuestos de manera ilegal.
Amenaza vigente a la PAC
Conviene no olvidar que estos aranceles a la aceituna negra suponen una amenaza a todos los productos agrícolas de la UE cuyo reparto se haga de manera similar al de la aceituna, al poner en entredicho la legalidad de las ayudas de la PAC respecto a las normas de la OMC; un aspecto que parecía solventado con la resolución del Panel del 2021.
Los aranceles han supuesto para el sector de la aceituna negra una pérdida del 70% de la exportación, con una pérdida de 280 millones de euros y sin haber recibido ninguna ayuda económica de la UE.