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El Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha tratado la problemática relacionada con los aranceles de EE. UU. a la aceituna negra.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, se han reunido con el presidente de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (ASEMESA), José Ignacio Montaño.

La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (ASEMESA) considera un paso decisivo y necesario -aunque lento-, la decisión de la UE de volver a denunciar a Estados Unidos.

La Comisión Europea ha solicitado el establecimiento de un panel de cumplimiento para evaluar las medidas tomadas por EE. UU. para cumplir con el informe del Panel de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que falló en contra de los aranceles estadounidenses sobre las aceitunas maduras españolas.

A diferencia de lo sucedido en las dos sentencias provisionales anteriores, en esta ocasión el juez ha resuelto a favor del Departamento de Comercio de EE.UU., considerando que actuó de acuerdo con la legislación de dicho país y, por tanto, de forma correcta.En concreto, el juez determina que el Departamento de Comercio actuó correctamente al considerar que las ayudas de la PAC recibidas por los agricultores eran “específicas” y, por tanto, incumplían las normas de la OMC. Además, concluyó que también tuvo una actuación correcta al atribuir a la industria el 100% de las subvenciones recibidas por los agricultores.Este fallo no invalida en absoluto la resolución del Panel de la OMC que dio la razón a la UE en contra de EE.UU. determinando precisamente todo lo contrario: que EEUU. no había actuado correctamente respecto a las normas de la OMC, al considerar las ayudas específicas y atribuir a la industria la subvención a los agricultores.

La Organización Mundial de Comercio (WTO) dictamina que Estados Unidos tiene hasta el 14 de enero de 2023 para aplicar las recomendaciones y resoluciones propuestas por el organismo internacional contra sus aranceles a las aceitunas negras españolas, emitido en noviembre de 2021.La Asociación Española de Exportadores e Industriales de la Aceituna de Mesa (ASEMESA) cree necesario realizar las siguientes aclaraciones:Es totalmente falso que se vayan a suprimir los aranceles que gravan las importaciones de aceitunas negras españolas en el plazo de seis meses, es decir, en enero de 2023.Ese es el plazo razonable acordado entre Washington y Bruselas para que la Administración norteamericana implemente las recomendaciones y mandatos de la OMC contenidos en el informe del Panel de Investigación, pero en absoluto significa la eliminación de los aranceles toda vez que EE.UU. considera que puede implementar dichas recomendaciones y mandatos sin poner fin a los aranceles, sino subsanando los errores y deficiencias de sus investigaciones iniciales.De hecho, ASEMESA tiene constancia de que EE.UU. ha reabierto inmediatamente las investigaciones iniciales de 2017 y 2018 para recabar más información del Gobierno de España y de las empresas objeto de investigación con el objetivo de justificar con nuevos argumentos y datos el arancel compensatorio de las subvenciones y subsanar los errores y deficiencias que le ha indicado la OMC.Aun en el caso de que la OMC no aceptara las medidas que implemente EE.UU. dentro del plazo establecido y le exigiera finalmente eliminar el arancel, ello solo afectaría a la parte del gravamen que tiene que ver con las subvenciones de la PAC (15%) y no al arancel total del 35%.

Como consecuencia de la batalla legal emprendida, se han conseguido éxitos como la resolución del panel de la OMC, diversos fallos provisionales de la justicia ordinaria de EE.UU. o reducciones del arancel limitadas a pocas empresas y de manera provisional.A pesar de lo anterior, a día de hoy, la mayoría de las empresas del sector siguen sufriendo el arancel del 35% o viven bajo la amenaza de que se les vuelva a imponer ya que la reducción conseguida, como ya se ha señalado, es provisional.Recuerda ASEMESA que el coste gastado en abogados para la defensa del sector sobrepasa ya los 8,5 millones de euros, sin que tampoco haya recibido ayuda económica de la UE ni del Gobierno, con la salvedad de una aportación limitada del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

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