Gabriel Cabello, presidente del sector aceituna mesa de Cooperativas Agro-alimentarias de España y de la cooperativa Agrosevilla, (4.000 socios productores y más de 80.000 toneladas de producción), ha intervenido en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo para pedir la inmediata eliminación de los aranceles impuestos desde 2018.

En agosto de 2018 Estados Unidos impuso aranceles del 35% a la importación de aceituna negra procedente de España a raíz de una denuncia del sector productor de California. Estas denuncias acusaban a la industria española de la aceituna negra de vender a bajo coste y consideraban, además, que las ayudas de la PAC (como las ayudas a la renta y a los jóvenes agricultores) que percibía el sector suponían un dumping para el mercado americano.

El mercado estadounidense es el principal mercado a nivel mundial con mucho potencial de crecimiento, y tal y como ha destacado Gabriel Cabello desde hace cinco años las exportaciones españolas de aceituna negra han caído un 68% en volumen, y por tanto el sector español ha perdido competitividad. Además, los productores españoles han perdido rentabilidad frente al resto de países productores de la UE, ya que solo España sufre estos aranceles y, a la vez, con respecto a los productores de países terceros, principalmente del norte de África.

Gabriel Cabello ha recordado a los europarlamentarios que el sector de la aceituna de mesa es el principal motor de las zonas productoras, que basan su economía en la producción, transformación y exportación de las aceitunas de verdeo, y que genera empleo estable en sus industrias y servicios asociados. Las cooperativas de aceituna como empresas propiedad de sus agricultores nunca se deslocalizan, con lo cual no pueden sortear los aranceles deslocalizando la producción de sus socios a otro país.

Durante su intervención Cabello ha señalado que “hoy es una actuación contra un sólo Estado Miembro y un sector, pero puede aplicarse de forma más generalizada a más sectores y Estados miembros, si la Unión Europea no actúa de forma contundente y eficaz en la aplicación de las conclusiones del Panel de la OMC”. Cabello ha subrayado que los aranceles impuestos fueron declarados ilegales por la OMC y que han supuesto más de 8,5 millones de euros en gastos legales en los tribunales americanos, un montante sufragado por las empresas españolas, entre ellas las cooperativas, que no han sido compensadas.