La UE de aquí a 2030 quiere minimizar y prevenir los episodios de fraude alimentario, y para ello se han de afrontar una serie de retos y trabajar sobre distintas tendencias en el medio y largo plazo (tal y como se ha manifestado en la Estrategia de la granja a la mesa). AINIA, en este artículo analiza los diferentes aspectos desde un enfoque holístico y con la intención de compartir con el sector las distintas inquietudes y sensibilidades.

Los episodios de fraude para la reputación de los productos de la UE y la confianza de los consumidores, generan riesgos importantes y se es conciente de ello. En consecuencia, debe incrementarse la implicación de la UE para garantizar un nivel de protección más elevado para perseguir el fraude y para garantizar un nivel adecuado de control del cumplimiento de las normas de la UE en materia de salud y seguridad alimentaria.

Dentro de la Estrategia de la granja a la mesa contempla de forma específica el tema del fraude alimentario, en particular plantea que para 2021/2022 se desarrollen medidas legislativas que permitan mejorar la coordinación para hacer cumplir las normas del mercado único y luchar contra el fraude alimentario, entre otras cosas, considerando la posibilidad de intensificar el uso de las capacidades de investigación de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude).

Desde la UE se van dando pasos y ya contamos con un concepto que nos define lo que se entiende por «notificación de fraude alimentario»: una notificación en el iRASFF de un incumplimiento relativo a una supuesta acción intencionada de empresas o individuos con el fin de engañar a los compradores y conseguir de tal modo una ventaja indebida, en contravención de las normas previstas en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/625, tal y como se establece en el Reglamento de ejecución (UE) 2019/1715 de la Comisión de 30 de septiembre de 2019 por el que se establecen las normas para el funcionamiento del sistema de gestión de la información sobre los controles oficiales y sus componentes («Reglamento SGICO»).

Adicionalmente a las iniciativas y preocupación de la UE para combatir el fraude alimentario, es imprescindible un exhaustivo análisis del entorno y de las cuestiones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legislativas y medioambientales que puede estar conectadas con el fraude alimentario. Debemos trabajar desde todos los eslabones de la cadena alimentaria para reducir a la mínima expresión las prácticas fraudulentas. Un ejemplo en esta dirección podemos observarlo en el análisis que se ha efectuado por parte de la Food Standards Agency (FSA – UK) para evaluar la situación estratégica de los delitos en el sector alimentario (Food Crime Strategic Assessment 2020).

Desde AINIA se apuesta por un enfoque holístico para prevenir y minimizar el impacto del fraude alimentario. Es fundamental el abordaje desde todos los flancos, técnico, analítico, aspectos legales, big data, controles de autenticidad, etc. Dado que cualquier situación de fraude alimentario pone en peligro la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, además de afectar a la seguridad alimentaria, las prácticas comerciales justas y por tanto dañar al mercado en su conjunto.

Dentro de un planteamiento integrado tiene un lugar destacado la prospectiva o exploración periódica del horizonte en busca de riesgos emergentes o futuros, que es una estrategia complementaria en este ámbito. Por ejemplo, resulta clave ante grandes fluctuaciones en los precios de las materias primas y es una señal o indicio de que ese alimento o ingrediente podría ser susceptible de fraude.

El próximo día 10 de diciembre tendrá lugar la webimar "Fraude Alimentario 2030. Mirando hacia el futuro", donde se podrá conocer las tendencias, variables emergentes consolidadas y factores de cambio que influirán en el horizonte temporal, los principales temas y aspectos actuales y cómo se puede mitigar el fraude alimentario horizonte 2030.