La Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria ha aprobado una guía para la campaña especial de lucha contra el fraude del aceite de oliva y de orujo de oliva que se llevará a cabo durante el año 2023.

El objetivo de esta guía, que ha coordinado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), es ofrecer recomendaciones basadas en la experiencia de los servicios de fraudes de las comunidades autónomas y del propio ministerio para que la programación y ejecución de las inspecciones sea lo más eficaz posible. Así, identifica los puntos críticos en relación con posibles prácticas fraudulentas en la comercialización de aceite de oliva y de orujo de oliva que supongan un incumplimiento de las normas nacionales y comunitarias aplicables a este sector.

El documento identifica las instalaciones de especial interés donde pueden producirse fraudes difíciles de detectar, establece recomendaciones para llevar a cabo los controles, y señala los puntos críticos para cada tipo de instalación.

Plan de control específico del aceite de oliva y de orujo de oliva

El pasado mes de noviembre se aprobó un plan de control específico del aceite de oliva y de orujo de oliva para la presente campaña, que está en aplicación, y que integra los controles derivados de la normativa comunitaria y nacional.

Para el año 2023, en el marco del Programa Nacional de Control Oficial de la Calidad Alimentaria (PNCOCA 2021-2025), las comunidades Autónomas han programado 697 controles en el sector del aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva basados en una evaluación del riesgo y en su número de operadores, lo que supone casi un 6 % más que el año anterior y controlar aproximadamente un 20 % de operadores.

Además, en aplicación de la norma de calidad, por primera vez se van a realizar controles para la verificación de la trazabilidad del sector, que alcanzarán a un 10% de los operadores.

La norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva se aprobó en agosto de 2021 (Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto), con el fin de mejorar la trazabilidad de estos productos, en especial el aceite de oliva virgen extra, y revalorizar este alimento simbólico de la dieta mediterránea. Esta norma atiende las nuevas demandas de transparencia de la ciudadanía y satisface una reivindicación histórica del sector oleícola español.