El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de julio un Impuesto de Sucesiones y Donaciones mediante un Decreto-Ley que Asaja-Córdoba pide que se elimine totalmente puesto que entiende que “es insuficiente pues tiene importantes sombras que deben aclararse o corregirse” y, sobre todo, que esta nueva norma “sólo es aplicable a una ínfima parte de los titulares de explotaciones agrarias andaluzas, quedando la inmensa mayoría en la misma situación que antes de esta reforma”.

“El único camino que debe recorrerse es ir a la supresión de este injusto impuesto, que esperamos que pueda conseguirse a lo largo de este año 2017 con el esfuerzo y compromiso de la administración autonómica”. Esta opinión de Asaja Córdoba queda ratificada por el Departamento Fiscal de Garrigues, que indica que la reforma presenta sombras para los titulares de explotaciones agrarias. Y es que, según la organización agraria, la reforma sólo beneficiará a los herederos que hayan sido contratados por el fallecido en los años anteriores a su muerte o a aquellos a los que se haya cedido la explotación bajo cualquier título y estén dados de alta como agricultores, quedando excluidos el resto de herederos de cualquier bonificación.

Podría resumirse que sólo se ha contemplado el caso de herencias a favor de una única persona que sólo vaya a dedicarse a la actividad agraria. Si hay más de un heredero y/o tiene otra actividad económica o profesional, no podrán beneficiarse de esta reforma aprobada por el Ejecutivo andaluz.

Desde el punto de vista de Asaja-Córdoba, “no contempla situaciones muy habituales como son las comunidades de bienes o sociedades civiles de hermanos o primos o aquellas en las que la explotación es realizada, en régimen de cesión por cualquier título jurídico por una sociedad, aunque esta esté constituida por los propios herederos”.