Desde ES Andalucía lamentamos la posición adoptada por el Ministerio en cuanto a la propuesta de Decreto de Convergencia de la PAC que perjudicará a muchos profesionales productivos en favor de productores latifundistas, excediendo innecesariamente las propuestas de convergencia de la UE, en plazo e importes de reducción, y sin la elaboración de un estudio de impacto previo que muestre su efecto en la renta de los agricultores y ganaderos de nuestro país.

En este sentido, ES Andalucía se opone a un cambio de las reglas de juego a mitad del partido. Es decir, esta organización entiende que la PAC no es un cheque autonómico y que es necesario un sistema de convergencia de ayudas moderado y progresivo que permita a los agricultores y ganaderos hacer sus previsiones y tomar sus legítimas decisiones empresariales.

Sin embargo, el Decreto de Convergencia plantea en un plazo de dos años, una reducción considerable en la renta de agricultores profesionales que han realizado inversiones en tecnología, riegos localizados, etc.. que les ha permitido incrementar la producción y el empleo en su territorio, en favor de aquellos otros titulares de explotaciones, más extensivas con menos mano de obra, y en las que el peso de la superficie conformará, en mayor medida, el importe de la ayuda a su renta.

Precisamente Andalucía cuenta con más de 274.000 explotaciones agrarias (casi el 30% del total nacional), una superficie media de 15,64 hectáreas (un 30% menor que la media nacional) y una dimensión económica de 23.700 euros anuales (un 44% menos de la media nacional). Una estructura agraria que hace que, a pesar de contar con unos Derechos de Pago Básicos medios más elevado (227,7€/ha), el importe medio por beneficiario coloca a nuestra región en séptimo lugar con 3.692 € de ayuda al año. De ahí que, en la puesta en marcha de la nueva PAC de 2023, esta drástica aplicación de la convergencia sacará del sistema, hacia el régimen de pequeños perceptores o directamente al abandono de las explotaciones, a un número considerable de productores andaluces, sin despeinar siquiera, al 0,6% de los grandes perceptores que cobran el 17% del presupuesto de la PAC.

De manera que, este trasvase de apoyo de rentas hacia explotaciones que precisamente requieren de menos mano de obra, menos empleo y menos incidencia en la fijación de población al territorio generará un descontento que, si bien el sector lo está pasando mal, lo induce a una situación peor. Un hecho que no se puede definir como solidaridad sino mejor con términos como desmantelamiento.