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En las últimas semanas varias multinacionales de la distribución han sido sancionadas por realizar prácticas comerciales fraudulentas, y en especial la venta a pérdidas en los productos agroalimentarios, así como por no colaborar con la Administración en la erradicación de estos fraudes. El aceite de oliva suele ser uno de los productos más afectados por estas prácticas fraudulentas. Por ello, la Junta Directiva de Asaja, reunida en Madrid en su última sesión del año, ha acordado poner en marcha en los primeros días de 2015, una campaña a nivel nacional para denunciar y combatir dichas prácticas.
Ha sido el Gobierno autonómico de la Región de Murcia quien ha tomado la iniciativa imponiendo sanciones, a través de su Dirección General del Consumo, a las multinacionales de la distribución Carrefour y Dia por llevar a cabo ventas a pérdidas y por no colaborar con la investigación de estas infracciones. Sin embargo, éstas no son las únicas prácticas detectadas en la cadena de distribución. En la Comunidad Valenciana, desde Asaja también se han denunciado prácticas similares por parte de cadenas de supermercados y en Jaén, esta situación afecta de lleno, ya que el aceite de oliva suele ser uno de los productos más afectados por estas prácticas fraudulentas.
"Es intención de Asaja poner en marcha esta campaña para combatir la venta a pérdidas en todo el territorio nacional y denunciar cuantas prácticas comerciales incumplan la ley porque los casos detectados no son, desgraciadamente, casos aislados sino que se reproducen con excesiva facilidad y afectan a gran parte de nuestras producciones", indican desde la organización agraria.
De este modo, apela a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), para que investigue todas y cada una de estas prácticas fraudulentas y actúe con celeridad, velando por el equilibrio y el correcto funcionamiento de la cadena comercial. Asimismo, insta al Ministerio de Agricultura para que coordine las actuaciones a llevar a cabo por parte de la Comunidades Autónomas para que las medidas a adoptar y las sanciones a imponer tengan carácter general y se apliquen en cualquier punto de nuestro territorio.