Precios por debajo de los costes de producción, cotizaciones en caída libre sin motivo aparente alguno, uso frecuente de productos como reclamo comercial, ventas con pérdidas o a resultas e intercambios comerciales sin contrato son algunas de las realidades con las que se han encontrado los agricultores y ganaderos en 2016. Así lo señala UPA-Andalucía en su balance agrario del año.

El sector agroalimentario tiene una importancia vital en Andalucía, constituyendo el 15% del PIB, con un valor anual de más de 10.000 millones de euros anuales de facturación, siendo la participación de la Producción Final Agraria en la economía andaluza porcentualmente, el doble que la nacional y tres veces más que la de la Unión Europea. Además, el sector agrario es el segundo sector, después del sector servicios, en número de activos en Andalucía, con un 12 % de la población activa, indica el informe de UPA.

Frente a estos datos, “es indudable que el sector es un sector socio-económico estratégico el cual se debe de proteger y potenciar”. Pero "lejos de conseguirlo", el balance que UPA-Andalucía ha extraído del año 2016 es que “los abusos de la industria y la distribución, así como la inacción de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, siguen provocando una crisis de precios muy grave en el sector”.

Consideran que “el enmascarado incremento de la renta agraria del 5,1 % en nuestro país con respecto al año pasado publicado recientemente por el Ministerio de Agricultura y del que presume, choca frontalmente con la realidad que han sufrido las explotaciones agrarias. Ese incremento que se pregona es debido a que los productores han producido mucho más, alcanzando valores record, pero sin embargo, agricultores y ganaderos han recibido menos dinero por su trabajo, quedando la riqueza una vez más en manos de los de siempre”. Asimismo, indican que “los precios percibidos por los agricultores y ganaderos en la mayor parte de los sectores no cubren ni tan siquiera los costes de producción.

La solución más factible a corto plazo a la problemática de precios, según la organización Andalucía, “la deberíamos encontrar en la Ley de la Cadena Alimentaria, Ley por la que siempre UPA Andalucía ha apostado pero que no está ofreciendo soluciones a las necesidades que demanda el sector agrario”, aseguran.

Apuntan a tres deficiencias fundamentales que desde UPA Andalucía han detectado que tiene aún esta Ley y que son necesarias de reformar en beneficio del sector agrario: desarrollar la figura del mediador para que sirva de árbitro entre el productor y la industria o la distribución si no hay acuerdo en el contrato; es fundamental incorporar a la ley el establecimiento de unos precios sostenibles para agricultores y ganaderos ligados a los costes de producción; establecer mecanismos de regulación y sanciones contundentes para evitar prácticas desleales y abusivas como la venta a perdidas.