Varios integrantes del grupo de investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han llevado a cabo un estudio para analizar los cambios en el uso del suelo y la dinámica agraria en tres municipios cercanos al área metropolitana de Madrid. El trabajo también explora cómo las partes interesadas perciben las fuerzas impulsoras de estos cambios y el potencial de la contratación pública para brindar estabilidad a los agricultores y, más específicamente, impulsar la articulación y consolidación del sector agroecológico emergente en el actual entorno periurbano.

En los últimos meses ha quedado claro que la alimentación es un sector esencial. También, que bastan un par de días de alarma para que los estantes de fresco de los supermercados se vacíen. La preocupación por la vulnerabilidad del sistema alimentario está presente en las investigaciones desde hace décadas y el interés por reconectar el consumo de las ciudades con una agricultura de proximidad y ecológica va permeando las agendas urbanas.

Esa relocalización (necesariamente parcial cuando hablamos de grandes urbes con millones de habitantes) sólo será posible si se mantiene la actividad agraria. Algo que no es evidente en la Comunidad de Madrid, donde el territorio está sometido a fuerte presión urbanizadora. Entre 2000 y 2018 el 97% de las 57.000 hectáreas de superficie agraria que se perdieron, fueron urbanizadas. No es fácil dedicarse a la agricultura en la Comunidad de Madrid.

El grupo GIAU+S de la UPM ha trabajado durante cuatro años en el proyecto DIVERCROP para entender las dinámicas territoriales en la cuenca Mediterránea y la relación con la biodiversidad y los sistemas alimentarios locales. El Proyecto, finalizado en 2020, ha estado liderado por el INRA de Francia y participaban además socios de Italia, Malta, Túnez y Argelia.

El equipo español ha analizado el caso de los municipios de Ciempozuelos, San Martín de la Vega y Titulcia en la Vega Baja del Jarama (para ello ha contado con la colaboración de Madrid Agroecológico, que facilitó la base de datos de proyectos agroecológicos en la región). En talleres participativos se ha trabajado con agentes del sector agrario, de la investigación y de los ayuntamientos, así como con entidades de la economía social y activistas de movimientos sociales. Los resultados constatan que estos agentes aspiran a recuperar la producción hortícola y ganadera, ligándola a los mercados locales.

¿Cómo recuperar esa producción tradicional que fue desplazada por cultivos industriales y actividades extractivas? Tanto la Unión Europea como el mundo académico señalan el alto potencial que tiene la compra pública para reforzar el tejido productivo local y avanzar hacia la sostenibilidad alimentaria. Sin embargo, como señala Marian Simón, investigadora de la UPM que ha formado parte del equipo de trabajo “el sector agrario se muestra más escéptico respecto al impacto real que las políticas de compra pública pueden tener en la viabilidad de sus explotaciones por las dificultades que entraña incorporarse a la mayoría de los procesos de licitación”.

Si los pliegos de contratación de compra pública incorporan alimentos ecológicos ¿beneficiaría al sector agrario madrileño? Ahora mismo, no, pues la producción ecológica aún es minoritaria en la región. Tan solo podría satisfacer la demanda potencial de compra pública de miel y aceite; para el resto, los alimentos ecológicos tendrían que llegar de otras regiones. De ello se deduce que la compra pública de alimentos con criterios ecológicos no logrará impulsar la creación de empleo, la innovación y la sostenibilidad ambiental en la Comunidad, si no va acompañada de medidas dirigidas al sector productivo. “Debería complementarse con políticas públicas para promover la transición ecológica y nuevas incorporaciones en aquellos subsectores con condiciones más favorables”, indica María Simón.

Aunque la compra pública representa una pequeña parte del flujo de alimentos, podría convertirse en un motor relevante de transformación, aportando estabilidad y un aumento de los ingresos de las pequeñas explotaciones agrarias. El sector primario debería tener un papel de liderazgo en la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Dentro del sector, los proyectos agroecológicos y los movimientos sociales que lo apoyan están preparados para la innovación y pueden actuar como catalizadores del proceso. Como concluye la investigadora “nuestro trabajo muestra la necesidad de trabajar en paralelo la oferta y la demanda”.