El Gobierno de España ha respondido a las protestas ejercidas por el sector agrario con un primer paquete de medidas cuya intención es poner freno a la crisis de rentabilidad que afronta el sector. La medida estrella es la modificación de la cadena alimentaria para prohibir la venta a pérdidas, una reclamación histórica del sector.

Son los primeros avances logrados por el campo tras varias semanas de movilizaciones, paralelas a las negociaciones entre los actores en la Mesa de Diálogo Agrario, en la cual se trazaron las principales líneas de las medidas anunciadas. La anhelada modificación de la ley de la cadena alimentaria tiene por objetivo, en palabras del MAPA, "evitar la banalización de los productos agrarios, prohibir prácticas de competencia desleal, así como reforzar los contratos escritos, en los que será obligatorio incluir los costes efectivos de producción". Una mayor transparencia que irá ligada a la prohibición de la venta a pérdidas que evitará situaciones como las que vive el olivar tradicional, cuyos costes de producción se sitúan ahora mismo por encima del precio de venta en origen.

No es la única medida que se incorpora en la modificación de la Ley de la cadena alimentaria. También se establece un nuevo marco para las actividades promocionales, el cual "no podrá inducir al error sobre el precio o imagen de los productos, ni perjudicar la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos". De este modo se pretende evitar precisamente la banalización del producto que repercute en los precios a la baja, tratando de incidir en la apuesta por la calidad y la valorización que harán subir el precio de los productos al valor que les corresponde.

En materia de fiscalidad, se han introducido modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación de los jóvenes agricultores que reciben las ayudas a la primera isntalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas. El cambio consiste en que se permitirá imputar en cuatro años los importes recibidos en las ayudas a la primera instalación, de forma que el impacto fiscal no se concentre en el año en que se reciben.

Por otro lado, se han anunciado mejoras en materia de empleo para proteger los trabajadores eventuales del campo, una de las demandas exigidas por los sindicatos. Primero, se reducen a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo, así como a la renta agraria. Segundo, se recogen bonificaciones para la conversión de trabajadores eventuales en contratos indefinidos o en contratos fijos discontinuos. Tercero, se introducen medidas para intentar reducir la brecha de género, como por ejemplo cuantías incrementadas en el caso de la conversión de contratos de mujeres trabajadoras.

El ministro Planas afirmó que "se han dado pasos muy claros y firmes" para responder a las demandas del sector agrario. Las asociaciones agrarias, por su parte, consideran el plan "un paso importante", señala COAG, que "puede ser positivo", sobre todo en lo referente a la Ley de la cadena alimentaria, afirma Asaja. No obstante, también coinciden en que las medidas son "insuficientes" y que todavía "quedan muchas cosas" por hacer, razón por la cuál se mantendrán las movilizaciónes para seguir ejerciendo presión, al tiempo que han pedido que se abran mesas específicas de negociación para dar cabida a todos los asuntos que es necesario tratar.