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El Consorcio Olivícola Italiano, Unaprol, ha lanzado una advertencia sobre la evolución de los precios del aceite de oliva a lo largo de los últimos meses. El precio al kilo de producción se encuentra actualmente alrededor de los 3,20€, una cifra lejana a la de julio de este mismo año, cuando el precio oscilaba los 5€ el kilo. Un descenso del 40% en muy poco tiempo que preocupa seriamente a los olivareros italianos.
En España, la situación de noviembre del año pasado era crítica al compararse con países como Italia, cuya solidez en los precios repercutían en la rentabilidad de sus producciones. Un año después, nosotros seguimos sin repuntar el vuelo, a la espera de que tomen forma las medidas de almacenamiento privado; en Italia, por su parte, empiezan a seguir el mismo sendero -sin salida- que antaño nosotros tomamos: el del decrecimiento de los precios. El notable aumento de la producción de aceite de oliva italiano, actualmente situado en torno a las 320.000 toneladas, puede haber influido en la situación.
"Ya no es momento para los análisis", advierte, sin embargo, Unaprol, que lo que reclama son medidas concretas al COI y la Unión Europea. Medidas "radicales", sintetiza Granieri. "Es necesario tener un impacto decisivo en el mercado", dice antes de trasladar una propuesta para invertir la crisis de precios a partir de una modificacación en el análisis de calidad: "reducir el nivel de acidez relativa deste el techo actual del 0,8% hasta el techo máximo del 0,5%", para así evitar que se etiquete como AOVE lo que solo es aceite virgen". Esto "crearía un mecanismo virtuoso en el mercado, que por un lado, finalmente, recompensaría a los productores de calidad y a los demás consumidores, que pueden estar informados correctamente y elegir conscientemente entre el aceite virgen y el aceite de oliva virgen extra.
De este modo, el Consorcio italiano explora las soluciones a la crisis de precios a partir del fortalecimiento del estándar de calidad, como ya lleva haciendo desde hace un tiempo. Una perspectiva que todavía no se ha llegado a plantear en España, debido quizás al debate todavía abierto en torno al panel de cata y a la urgencia de la crisis de precios que reclama medidas de impacto inmediato y previstas para este tipo de situaciones.