La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha celebrado una jornada para analizar el impacto para el sector de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, así como del Proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de envases.

El encuentro, al que han asistido cerca de 150 directivos de asociaciones y empresas de la industria de alimentación y bebidas y de la cadena alimentaria, ha sido inaugurado por Marta Gómez Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y por Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB.

Durante su intervención, García de Quevedo ha reiterado “el compromiso de todo el sector con la sostenibilidad” y ha hecho un llamamiento al Gobierno para que “en el grave momento económico por el que atraviesa la economía, con una inflación muy elevada y costes energéticos disparados, no adopte ninguna medida regulatoria o fiscal que reste competitividad a las empresas y pueda afectar gravemente al empleo”.

“Es el momento de ayudar a las empresas, no de ponerles trabas, ya que está en juego la supervivencia de alrededor de 2.400 compañías y más de 25.000 empleos. Creemos que la regulación española en materia de sostenibilidad no debería ir más allá de las directivas europeas y es imprescindible que las nuevas medidas que entren en vigor sean equilibradas y fruto del consenso.”, ha asegurado el director general de FIAB.

Mauricio García de Quevedo ha reiterado que “es necesario retrasar la entrada en vigor del Impuesto al Plástico, que tendrá un impacto estimado de 690 millones de euros en las empresas, a lo que habría que sumar el impacto de la Responsabilidad Ampliada del Productor, que puede suponer una carga de unos 1.150 millones de euros. Además, -ha añadido- el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases tendrá un impacto de otros casi 5.000 millones de euros. En ninguna circunstancia, y menos en las actuales, es asumible”.

Por último, ha resaltado la complejidad de algunas medidas, como pueden ser las nuevas obligaciones de etiquetado: tanto la prohibición del uso del logo del Punto Verde – que en el resto de Europa su uso es voluntario –, como la imposición de indicar a través del marcado en qué contenedor se deben depositar los residuos de envase –cuando la Comisión Europea está valorando armonizar el etiquetado en este sentido-. Este tipo de medidas conllevan una ruptura de la unidad de mercado, pilar básico del funcionamiento de la UE y la propia Comisión Europea ha advertido de los riesgos que conllevan.