Esta semana es clave para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en relación con la aplicación de la reforma de la Política Agraria Común en España, ya que se celebra la Conferencia Sectorial en la que los días 24 y 25 de julio se reúne con las Comunidades Autónomas, para tratar dicha aplicación.

Previamente, el Ministerio ha enviado un cuestionario a todas las Comunidades Autónomas y a las organizaciones agrarias para que se posicionen sobre la aplicación de la reforma de esta política en nuestro país, y en función de las respuestas, buscar un modelo de aplicación “que nos permita apoyar a todas las producciones para que sigan siendo competitivas”, aseguraba el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

A finales del pasado mes de junio, la Eurocámara, el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea y la Comisión alcanzaron un acuerdo político sobre la reforma de la PAC a partir de 2013 que, según el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, garantiza pagos directos más justos y ecológicos, fortalece la posición de los agricultores en la cadena de producción de alimentos y permite una política agraria “más eficiente y transparente”.

La reforma se aplicará a partir del 1 de enero de 2014, a excepto la nueva estructura de pagos directos, que se hará a partir de 2015 Para dar tiempo a los Estados a adaptarse a la nueva PAC.

En el caso del aceite de oliva y aceituna de mesa, se han reintroducido los precios de desencadenamiento de almacenamiento privado para este sector, con la posibilidad de que la Comisión pueda revisarlos cuando sea necesario, en función de la evolución de la producción y del mercado y, por primera vez, teniendo en cuenta los costes reales de producción.

Igualmente, se establece que, a la hora de desencadenar el almacenamiento privado, la Comisión deberá tener en cuenta la necesidad de responder a situaciones de mercado difíciles que tengan un impacto negativo en los márgenes del productor.