El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha subrayado este jueves, 13 de marzo, que el Proyecto de Ley que regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y por el que se crea el Consejo Agrario “es un proyecto pionero del que no existe precedente”. También ha explicado que esta representatividad se articulará mediante una consulta directa y simultánea en todo el territorio nacional.

Durante su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados para defender este proyecto de ley, Arias Cañete ha detallado que esta norma “articula un procedimiento democrático de determinación del peso representativo real de las organizaciones profesionales agrarias, para establecer una interlocución ponderada con la Administración General del Estado, en el seno del Consejo Agrario, para garantizar los intereses de los agricultores y ganaderos en la formulación de las políticas y estrategias nacionales”.

Además, el ministro ha enfatizado que este Gobierno reconoce “la trascendencia y el valor del trabajo” que las organizaciones profesionales agrarias desempeñan en defensa de los intereses generales de los agricultores. Prueba de ello “son las más de cien reuniones mantenidas, hasta la fecha, con los altos cargos del Departamento, incluidas las siete convocatorias del Comité Asesor creado en la pasada Legislatura, pero que este Gobierno reunió por primera vez”.

Por este motivo, Arias Cañete ha explicado que resulta imprescindible potenciar los mecanismos de interlocución con las organizaciones profesionales agrarias para que “quienes ejerzan la representación de todos los que desarrollan una actividad agrícola y ganadera lo hagan con la legitimidad necesaria, y se puedan cumplir, además, los principios de transparencia y participación propios de una Administración democrática consolidada”.

Por otra parte, el ministro ha recalcado que lo que pretende regular el proyecto “no es un proceso electoral propiamente dicho, sino una consulta para conocer el peso representativo real de cada organización profesional, mediante un proceso igualitario y transparente”.

A juicio del ministro, el modelo actual de la ley de 2009 no permite obtener datos fiables sobre la realidad de las organizaciones profesionales agrarias. “Cuando las elecciones no se celebran simultáneamente o, incluso, no se celebran, ni se aplican criterios homogéneos en las distintas Comunidades; cuando varían los censos y no son siempre lo suficientemente amplios, sencillamente no es posible medir la representatividad de estas organizaciones, ni establecer una interlocución ajustada, en la que tenga voz el conjunto de las explotaciones agrarias españolas”, ha detallado.