Con motivo de las propuestas legislativas recientemente hechas públicas sobre la reforma de la PAC para el periodo 2021-2027, diferentes organizaciones están poniendo de manifiesto sus diferencias ante estás propuestas con las que se iniciarán las negociaciones formales entre las instituciones comunitarias, esencialmente Consejo y Parlamento Europeo, para dar forma a las nuevas políticas agrarias de la UE para el próximo periodo presupuestario.

Una de estas organizaciones es ASAJA que considera debe denunciar que con las propuestas presentadas hoy los agricultores dejarán de ser los protagonistas de la PAC a partir de 2021, puesto que la Comisión Europea relega a un segundo plano el carácter productivo, el fomento de la eficiencia empresarial y los mecanismos de regulación de mercado para dar mayor protagonismo a medidas cosméticas de supuesto carácter social o medioambiental.

Ellos consideran que introducen una mayor complejidad y abren aún más la puerta a la renacionalización y la regionalización de la PAC, en un ataque frontal al carácter común que ha distinguido hasta ahora a esta política y que socavará un principio básico como el de la unidad de mercado. Así mismo, la asociación plantea que esta propuesta profundiza también en su renacionalización al trasladar a los estados miembros o incluso a las regiones muchas de las responsabilidades que ahora ostentaba la propia Comisión y que tenían un carácter común para todos los agricultores europeos.

Además, Asaja que lo que inicialmente se planteaba desde la simplificación, introducirá una mayor complejidad e incertidumbre al trasladar los mecanismos propios del funcionamiento del segundo pilar al primero -tal como se plantea en los denominados planes estratégicos-, lo que generará problemas de gestión en el primer pilar, el de las ayudas directas, y podrá conllevar mayor incertidumbre y retrasos en los pagos.

La Comisión Europea plantea además una nueva arquitectura medioambiental que, además de ser más compleja, establece mayores exigencias que pueden restar eficiencia a la actividad agraria de las explotaciones.

En cuanto a los mecanismos de gestión de mercados, la CE persiste en su desmantelamiento, continúa por la senda abierta en 1992 y no aporta medidas nuevas para salvar oscilaciones de mercados que puedan sufrir los agricultores y ganaderos en determinados periodos, más graves si cabe en momentos de volatilidad de mercados como los actuales.

ASAJA es firme defensora de que los pagos lleguen en toda Europa a aquellas explotaciones donde se realice una agricultura efectiva y real. La introducción de medidas de limitación de pagos o Capping carece de argumentación técnica o económica y ha sido rechazada por las organizaciones agrarias europeas y cooperativas integradas en el COPA-COGECA. No se ha valorado el impacto que tendría la aplicación de esta medida sobre la estructura de las explotaciones y sus repercusiones en las inversiones, el empleo, la capacidad productiva y la capacidad exportadora de las explotaciones.

No obstante, hay que tener en cuenta que la reforma mantiene la estructura de la PAC en dos pilares, permite que el estado miembro mantenga el sistema nacional -lo que ofrece la posibilidad de que España mantenga el modelo actual de pagos directos- y apuesta por la financiación íntegramente comunitaria de las ayudas directas. Y por último, también entre los aspectos positivos, la reforma profundiza en el relevo generacional y la innovación, fundamentales para garantizar la continuidad de la actividad agraria más allá de 2027.

La organización sigue apostando por una posición nacional fuerte que permita defender en Bruselas una PAC al servicio de los agricultores y ganaderos con un presupuesto fuerte que garantice que se cumplen con todos los objetivos.