La Política Agraria Común (PAC) para el próximo periodo de programación 2023-2027 ha incluido la perspectiva de género como uno de los objetivos estratégicos. En concreto en el Objetivo Específico 8, que se ha definido como “promover el empleo, el crecimiento, la igualdad de género, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible".

Para la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES), se trata de un hito fundamental para lograr que la PAC deje de ser una política neutra y permita orientar sus medidas a disminuir la brecha de género existente en la actividad agraria y a fomentar la diversificación económica en el medio rural con especial incidencia en el potencial femenino.

Ademas, esto da la posibilidad a los Estados Miembros de establecer actuaciones dirigidas específicamente a atender las necesidades de las mujeres, en el marco de las actuaciones FEADER, con el objetivo de fomentar en mayor medida su participación en el sector agrario. Asimismo, algunas de las intervenciones previstas en el primer pilar también tendrán una especial incidencia en la población femenina, como el pago complementario para jóvenes, que tendrá mayor cuantía en el caso de titulares mujeres o el pago redistributivo, ya que, por lo general, ellas tienen explotaciones de menor tamaño que la media española.

El Plan Estratégico nacional para la aplicación de la PAC en nuestro país a partir de 2023, fue remitido a Bruselas después de la realización de una consulta pública, y se prevé que la Comisión Europea lo apruebe a finales del primer semestre de 2022, para que sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.