La Guardia Civil ha dado un golpe al fraude alimentario en la provincia de Huelva con la intervención de 2.580 litros de aceite lampante que estaban siendo comercializados como aceite de oliva virgen (AOV). En el marco de la operación "Olea", también se han incautado 640 etiquetas fraudulentas, y se ha investigado a seis personas físicas y una empresa por su implicación en esta red.

El origen del fraude: aceite lampante y sin clasificar

La operación comenzó en febrero durante los controles habituales que realiza el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. Durante la investigación, los agentes interceptaron un vehículo procedente de Portugal que transportaba grandes cantidades de aceites supuestamente etiquetados como de oliva, junto con una gran cantidad de etiquetas adhesivas que iban a ser usadas para cambiar la información en los envases.

Al revisar la documentación del cargamento, los agentes constataron que el producto no contaba con la trazabilidad adecuada (información sobre el origen, elaboración y envasado), lo que levantó sospechas. Como resultado, inmovilizaron cautelarmente tanto el aceite como las etiquetas.

Análisis confirma el fraude

El análisis realizado por el Laboratorio Agroalimentario de Córdoba, dependiente de la Junta de Andalucía, confirmó que el aceite intervenido no era aceite de oliva virgen como indicaban las etiquetas, sino aceite lampante (de mayor acidez), aceite de girasol y otros aceites sin clasificación.

La gravedad de este fraude radica en que el aceite lampante, debido a su alto grado de acidez, no es apto para el consumo directo y requiere un proceso de refinado para ser comercializado como aceite comestible. Sin embargo, los investigados lo vendían como aceite de oliva virgen a nivel nacional, tanto de manera directa como a través de páginas de internet, engañando a los consumidores.

Un negocio fraudulento con alto impacto económico

De haber llegado al mercado, el aceite intervenido podría haber alcanzado un valor de 20.500 euros, generando un importante beneficio económico para los responsables del fraude a costa de la salud pública y la confianza de los consumidores.

A los investigados se les atribuyen varios delitos graves, incluidos delitos contra la salud pública, falsificación, estafa y pertenencia a grupo criminal. El uso de etiquetas falsas y la venta de productos no aptos para el consumo son prácticas que generan un grave perjuicio, no solo económico, sino también en la seguridad alimentaria de los consumidores.

Colaboración entre instituciones

La operación "Olea" ha contado con la colaboración de inspectores veterinarios del Área de Gestión Sanitaria de Huelva (dependiente de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía) y del personal de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA). Su trabajo conjunto ha sido fundamental para desarticular esta red de fraude alimentario y evitar que el producto llegara a los hogares españoles.