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El Gobierno pretende aplicar una Política Agraria Común “que evite que los agricultores pierdan recursos, y garantice a los distintos cultivos seguir recibiendo unos apoyos que les permitan ser sostenibles”. Una PAC, en definitiva, que incremente la competitividad del sector agrario y ganadero español, que permita estabilizar la renta de los agricultores y fijar la población en el medio rural”.
Así lo aseguraba el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ayer, 24 de julio, momentos antes de comenzar la Conferencia Sectorial de Agricultura que debate entre ayer y hoy el modelo de aplicación de la PAC en España, “con el deseo de encontrar un acuerdo básico sobre una nueva política agraria, que es mucho más compleja que las que se han aplicado con anterioridad”.
Aunque las negociaciones serán “largas y complicadas”, Arias Cañete espera conseguir un acuerdo dentro del respeto a las competencias autonómicas, “pero dentro también del respeto a las competencias del Gobierno de la Nación que, de acuerdo con la Constitución, le corresponde la ordenación general de la economía y, según el Tribunal Constitucional, fijar las modalidades de aplicación de la PAC”. No obstante, “queremos que la aplicación de la PAC goce del máximo consenso de todas las comunidades y territorios”
Para lograr este acuerdo, Arias Cañete ha apuntado que se parte de una buena posición inicial, ya que España ha conseguido “cantidades importantes” para financiar la PAC. De esta forma, los agricultores van a contar con ayudas cercanas a los 35.705 millones de euros, cantidad similar a la del periodo anterior, “por lo que no va a haber ninguna reducción de ayudas a los agricultores”. También ha señalado que para desarrollo rural, España va a contar con 8.291 millones de euros, casi 290 millones más que en el periodo anterior.
No obstante, el ministro ha precisado que el problema no reside en las cifras sino la manera de aplicar las ayudas, en un sistema más complejo de articular. Según ha explicado, hasta el momento teníamos un sistema de pagos vinculado a las producciones que habían obtenido los agricultores en su momento, eran derechos históricos que se asignaban a cada productor.
“Pero actualmente tenemos que articular un sistema de comarcalización sofisticado, que permita que los territorios y los agricultores no pierdan recursos”, ha recalcado el ministro, quien ha reiterado que los temas son “muy complejos” y se tratará de conseguir el máximo acuerdo posible.
En este sentido, Arias Cañete ha detallado que se tratará de cerrar los consensos básicos sobre los parámetros que permitan poner en marcha el modelo de comarcalización, “que será complejo y sofisticado”. No obstante, el ministro ha avisado de que habrá temas que queden abiertos para su posterior debate por parte de grupos de alto nivel, como la definición de agricultor activo, la definición de zonas con limitación de ayudas naturales o la delimitación de sectores que tendrán ayudas acopladas.