“Lejos de cumplir con los objetivos de un mejor reparto de la riqueza, la Ley de la Cadena Alimentaria ha conseguido efectos contrarios, subiendo el precio al consumidor y bajando el percibido por el productor en origen”. Así lo afirman desde la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que ha presentado a los grupos parlamentarios un informe detallado “en el que se ha visto reflejada su ineficacia”, indican. A lo largo de este documento, se presentan las diferencias existentes entre los precios en origen y al consumidor de distintos alimentos que componen el 57% de la cesta de la compra.

La Ley, aprobada en 2013, tenía por objetivo “mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, en beneficio tanto de los consumidores como de los operadores que intervienen en la misma, garantizando a la vez una distribución sostenible del valor añadido, a lo largo de los sectores que la integran”. Sin embargo, el estudio realizado por Unión de Uniones revela que las diferencias, durante los años 2014 y 2015, no se han reducido, al contrario, en algunos productos se han incrementado y, en ciertos casos, de manera muy evidente. En este sentido, se pone de manifiesto que desde enero de 2014 hasta agosto de 2016, el precio a los productores subió un 0,5%, mientras que a los consumidores un 2,5%.

La organización pone en evidencia que el IPC de los alimentos ha aumentado el doble que el IPC General y los posibles descensos de precios a consumidores en determinados productos, se han repercutido con carácter general sobre el productor, no sobre el margen del resto de la cadena. “Transcurridos prácticamente tres años desde la entrada en vigor de la Ley, no se observan avances reseñables en su objetivo de equilibrar la cadena alimentaria, sino, más bien, todo lo contrario” – afirman desde la organización – “A pesar de las grandes ventajas que vendieron en su día con su aprobación, se demuestra que la distribución y la industria han aumentado sus márgenes a costa de los precios bajos a productores y precios altos a consumidores” – añaden.

De este modo, Unión de Uniones, quien ya advirtiera de la importancia de establecer una definición de posición de dominio si se quería cumplir con los objetivos de dicha ley, pide “un mayor compromiso por parte de la Administración con el fin de conseguir su eficacia y que no se quede en papel mojado”.