Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos considera que la bacteria de la Xylella es un asunto que no sólo afecta a las comunidades autónomas afectadas (Comunitat Valenciana y Baleares), sino que dada su gravedad compete también de forma clara a las autoridades europeas y a las estatales.

La comisión ejecutiva de Unión de Uniones se ha reunido en Valencia con su homóloga de la Unió de Llauradors para analizar la situación y poner en marcha una estrategia conjunta en todo el territorio estatal que sirva para informar a los agricultores y frenar su posible expansión.

Esta organización considera que tanto desde la Unión Europea como desde el Ministerio de Agricultura se debe apoyar a las comunidades autónomas afectadas tras la aparición de casos positivos de Xylella (Comunitat Valenciana y Baleares) y “no desentenderse de un asunto que es muy grave y que podría ser letal para la agricultura de las zonas donde entra si no se aplican las medidas adecuadas y se incentiva a los agricultores para que arranquen sus árboles”.

Destacan que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, es “ministra de todos los agricultores españoles y no puede mirar hacia otro lado cuando se habla de Xylella, dejando toda la responsabilidad única y exclusivamente en las comunidades autónomas”.

Unión de Uniones indica que, si hubo un gran apoyo en su día desde las instancias europeas y estatales para el tema de las vacas locas, lo mismo habría que hacer ahora con la Xylella. En este sentido la organización apuesta por establecer actuaciones coordinadas desde el Gobierno central de forma que se emprendan planes de erradicación en las zonas afectadas, y no simples medidas de contención, con indemnizaciones suficientes y razonables para los agricultores damnificados.

A juicio de la Unión de Uniones “para conseguir una rápida erradicación de la plaga y evitar un avance de la misma, hace falta la seguridad de que exista una dotación económica adecuada que facilite la denuncia por parte de los productores que la detectan y que quede garantizada una indemnización justa para los mismos”.