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La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) presentó el pasado 19 de julio en la reunión de su Consejo Asesor el informe correspondiente al primer semestre del año 2022, en el que se recoge que ha realizado un total de 354 inspecciones de oficio para garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena. En este periodo ha recibido 9 denuncias por presuntos incumplimientos y ha impuesto 95 sanciones.
Cabe destacar que el 45 % de estas sanciones están motivadas por el incumplimiento de los plazos de pago, infracción que se concreta en el sector mayorista y en el sector de la industria.
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha resaltado que la labor que realiza la Agencia de Información y Control Alimentario garantiza unas relaciones comerciales equilibradas, justas y transparentes dentro del sector agroalimentario.
El sector de frutas y hortalizas es en el que más inspecciones se han realizado entre enero y junio (135), seguido del cárnico (132), el lácteo (61), la miel (23), el vino (2) y el aceite de oliva (1). Desde su creación, en el año 2014, la AICA se ha consolidado como referente en las labores de inspección y control de la cadena alimentaria.
Fernando Miranda ha asegurado que la adecuada aplicación de la nueva ley de la cadena es el mejor activo para hacer frente a la situación que sufren los mercados agrarios tras la invasión de Ucrania con el aumento de los precios de las materias primas, los combustibles e insumos. El secretario general de Agricultura ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar unas retribuciones dignas que permitan mantener las explotaciones y su rentabilidad para asegurar la disponibilidad de alimentos en estas situaciones extremas, donde el control de las materias primas y alimentos se ha convertido en un arma potente, peligrosa y desestabilizadora.
En global, desde su entrada en funcionamiento en el año 2014, la AICA ha realizado 6.142 inspecciones, que han motivado la imposición de 3.149 sanciones por un montante de más de 13,6 millones de euros. La mayor parte recae en el sector de la distribución comercial minorista, con casi 8,7 millones de euros. Hasta la fecha de elaboración de este informe se ha pagado el 87 % de los importes totales de las sanciones impuestas (11,8 millones de euros).