UPA en Madrid ha organizado la jornada “El futuro de la PAC. La agricultura familiar como garantía de sostenibilidad y progreso”, donde han participado en la mesa redonda "¿Esta PAC sirve para España y para la agricultura española?", José Luis Castellano, secretario general técnico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, junto a los consejeros del ramo de Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Castellano ha recordado que en las Cortes de Aragón se ha aprobado la propuesta de resolución: Defender ante el Gobierno de España una reforma de la PAC en profundidad que potencie la lucha contra la despoblación, a través de la defensa del modelo familiar de agricultura y de la incorporación de jóvenes y mujeres, lo que hace imprescindible la supresión de los derechos y referencias históricas, así como el apoyo expreso a la profesionalidad y renta agraria.

El secretario general técnico ha señalado que “en Aragón no es admisible que la PAC establezca unos derechos de cobro en función de referencias históricas que dan lugar a graves inequidades tanto personales como territoriales”. Para Castellano es inadmisible que haya “agricultores de primera y de segunda al margen de su actividad y profesionalidad”. Actualmente, el modelo de los derechos aplicables al régimen de pago básico en España “no es ni justo ni equitativo” ha recordado Castellano y considera que “no se justifica ni en función de la renta agraria, ni de la actividad económica, ni tampoco de la generación de valor añadido o de la creación de empleo”. “Por el contrario, este modelo da lugar a la patrimonialización de las ayudas, ya que deriva en un incremento del valor patrimonial de la tierra y de ahí la dificultad de acceso de los jóvenes”, ha proseguido el representante aragonés, quien considera que no tiene sentido que no haya vinculación entre quién trabaja las tierras y quién percibe la PAC.

Asimismo, la propuesta de Aragón de reforma de la PAC propone, además de la redistribución del pago a los agricultores, que suponga una compensación a la renta real de los agricultores en función del peso de la actividad agraria en su renta total. En definitiva, “la PAC debe contribuir a una agricultura social, familiar y sostenible, en el contexto de un mundo rural vivo, tal y como se establece en la posición de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre la reforma de la PAC firmada el 25 de mayo de 2018, refrendada mayoritariamente por los grupos políticos con representación en las Cortes de Aragón y organizaciones profesionales”, tal y como ha recordado Castellano. Este documento defiende la necesidad de apoyar la renta de los agricultores mediante pagos directos disociados de la producción y condicionados a la actividad productiva pero no a la asignación de derechos. Asimismo, considera fundamental la ayuda a sectores especialmente sensibles como la ganadería extensiva mediante pagos asociados y la contribución a la remuneración de bienes públicos ambientales verificables incentivando su producción.