El Ministerio de Hacienda, a petición de la Comisión Europea, aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes 22 de diciembre la modificación de la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores (PMP) de las Administraciones Públicas (AAPP).

Tras las denuncias y reclamaciones que interpuso la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), la modificación del Real Decreto del 25 de julio de 2014 implica que el cálculo del periodo medio empezará a computar a partir de la aprobación de las facturas, y no, como hasta ahora, que se producía desde los 30 días posteriores a su aprobación.

Este cambio normativo no modifica el plazo máximo de pago a proveedores, que sigue estando en treinta días, y entrará en vigor en el cómputo del periodo medio de pago a partir de abril de 2018. La modificación de la metodología supone, en opinión de la PMcM, una acertada rectificación por parte de Hacienda. Además, el Gobierno refuerza de esta forma el cumplimiento de la normativa europea en materia de lucha contra la morosidad.

La nueva metodología, según explica Hacienda, “queda alineada con la normativa nacional y traspone las directivas comunitarias”. El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, señala que “si hasta ahora la cifra que elaboraba el Ministerio con su metodología se refería al número de días que excedían del plazo máximo legal permitido, ahora el plazo medio de pago se computará desde el primer día en el que se aprueba/valida la factura. Todo ello teniendo en cuenta que en el ámbito público la facturación es electrónica y se puede formalizar en el momento de la entrega de mercancía y/o prestación del servicio. Es una rectificación del criterio que, aunque tardía, no deja de ser un paso más para ordenar los pagos y la información de carácter públicos”.

Cañete recuerda que “el Tribunal Supremo ya sentenció que no puede haber periodos de certificación por encima de los 30 días y la Ley de Contratación Pública, aprobada hace escasamente un mes, también concreta este cómputo. Desde la PMcM prestaremos atención a que las Administraciones Públicas hagan justificación en caso de no validar de forma inmediata la prestación de bienes o servicios, y velaremos delante del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del resto de instituciones para que no se utilice ningún truco para modificar el periodo medio de pago a proveedores”.