El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, informó este martes en el Parlamento andaluz sobre el proyecto de Ley de Medidas frente al Cambio Climático, cuyo objetivo es “disminuir la emisión de gases con efecto invernadero”.

Fiscal aclaró que la futura ley supondrá una nueva regulación de la contaminación por gases de efecto invernadero y se dirigirá a las denominadas “emisiones difusas”, que se encuentran en situación de vacío legal al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión, y que que suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad.

En opinión del consejero hay que apostar por una política de mitigación, que reduzca las emisiones y aumente la capacidad de sumidero de dióxido de carbono y adaptar a la sociedad a un modelo de producción que disminuya en su conjunto los efectos del cambio climático. Para ello, es indispensable sumar a las empresas a esta causa, promocionando y fomentando la incorporación de las mejores técnicas disponibles en los procesos productivos.

Cinco títulos
El consejero explicó los cinco títulos en los que se estructura este proyecto de ley. En el primero se regulan los aspectos competenciales y organizativos y contempla la creación de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático y de la Oficina Andaluza de Cambio Climático.

En el segundo apartado, destacan el Plan Andaluz de Acción por el Clima, los Planes Municipales contra el Cambio Climático, los Escenarios Climáticos de Andalucía y el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases invernadero.

En el tercero sobresale la creación de la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía; el cuarto capítulo especifica los objetivos para reducir en la región las emisiones difusas en un 18% en 2030 respecto al nivel registrado en 2005, mientras que para el conjunto de España la reducción aplicable es del 26% con la misma referencia. También contiene las medidas de mitigación para los distintos sectores que generan contaminación difusa, fundamentalmente el transporte, y la regulación del Municipio de Baja Emisión de Carbono.

En este mismo apartado se incluye el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER), el Sistema Andaluz de Compensaciones de Emisiones (SACE) y se regula el régimen jurídico de la huella de carbono de productos y servicios y su valoración en los procedimientos de contratación pública.

El último apartado del texto está dedicado al régimen sancionador, que contempla dos tipos de infracciones. Las leves, con multas de hasta 30.000 euros, y las graves con sanciones de entre 30.000 y 60.000 euros, así como la imposibilidad de obtener durante dos años préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio ambiente.