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“Quedan apenas 40 días de los tres meses oficiales establecidos y aún no se pueden gestionar las ayudas”, así lo señalan desde la organización agraria Asaja, que denuncian los retrasos de la Junta de Andalucía para poner a disposición de las entidades que tramitan las subvenciones las herramientas necesarias para realizarlas. Por ello, la organización pide una reunión urgente con la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, para que “se desbloquee cuanto antes la situación en un año en que la gestión es harto complicada”. Señalan que Andalucía en general y Jaén en particular son las que más subvenciones tramitan. “En nuestra provincia, suponen unos 430 millones de euros y afectan a 105.000 familias agricultoras”, afirman.
Un mes después de que se abriera el plazo para la solicitud de estos pagos que concede la Unión Europea y que representan el 30% de los ingresos del campo andaluz, “los agricultores y ganaderos no cuentan aún con la normativa que los regula, no han tenido respuesta a la solicitud de ayudas agroambientales ni a las alegaciones y correcciones de errores de la campaña anterior y además, durante las tres primeras semanas del periodo oficial de solicitud, ha estado inoperativa la plataforma informática para tramitar las ayudas”, señalan desde Asaja.
Añaden que “si bien la reglamentación establece que el periodo de presentación de solicitudes va del 1 de febrero al 30 de abril, con lo que los agricultores y ganaderos cuentan teóricamente con tres meses para tramitar en las organizaciones agrarias y entidades reconocidas sus solicitudes, el hecho es que ante este cúmulo de despropósitos en todo el mes de febrero se han presentado menos de 500 expedientes en toda Andalucía, cuando deberían haberse presentado ya unos 90.000 expedientes, a razón de 4.500 diarios, para poder cumplimentar adecuadamente los 272.000 expedientes de ayudas de la PAC (De ellos, 105.000 son de Jaén) que se presentan anualmente en Andalucía, la región de España que más solicitudes tramita. En Jaén, la PAC deja cada año cerca de 430 millones de euros repartidos entre 105.000 familias agricultoras.